Jueves 25 de Junio de 2026
CAA y COPAL manifestaron su preocupación ante el proyecto de “Ecocidio” y pidieron un debate amplio en el Senado
Las entidades que representan a las cadenas agroindustriales y a la industria de alimentos y bebidas del país expresaron su postura frente al dictamen que busca incorporar la figura de “Ecocidio” al Código Penal de la Nación y solicitaron que la iniciativa sea revisada en comisiones antes de su tratamiento en el recinto.
A través de una presentación dirigida al Honorable Senado de la Nación, la Cámara de la Industria de Alimentos y Bebidas (COPAL) y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) señalaron su preocupación por los posibles efectos que podría generar la propuesta sobre distintos sectores productivos del país.
Desde las entidades remarcaron que comparten la necesidad de preservar los recursos naturales y el cuidado del ambiente, en línea con el artículo 41 de la Constitución Nacional, aunque advirtieron que el texto actual del dictamen presenta aspectos que podrían afectar la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras e industriales.
En ese sentido, señalaron que la redacción propuesta podría generar interpretaciones amplias y consecuencias sobre actividades productivas que actualmente se encuentran reguladas y autorizadas por los organismos correspondientes.
Entre los principales puntos cuestionados, COPAL y CAA mencionaron la falta de precisión en algunos conceptos incluidos en el proyecto, las posibles sanciones consideradas excesivas y el impacto que podría tener sobre empresas, productores y responsables técnicos ante situaciones vinculadas a contingencias ambientales.
Además, plantearon que la iniciativa podría desincentivar los procesos de remediación ambiental, al considerar que determinadas acciones de reparación no modificarían la configuración del delito en algunos supuestos contemplados en el proyecto.
Las entidades también advirtieron sobre la necesidad de diferenciar entre impacto ambiental, entendido como el efecto propio de actividades humanas reguladas y evaluadas mediante estudios ambientales, y el daño ambiental, que implica una afectación negativa relevante y contraria a la normativa vigente.
Finalmente, COPAL y el Consejo Agroindustrial Argentino solicitaron que el proyecto sea devuelto a las comisiones de origen para avanzar en un análisis interdisciplinario, con participación técnica y científica, que permita encontrar un equilibrio entre la protección del ambiente y la continuidad de las actividades productivas que generan empleo, exportaciones y desarrollo en el interior del país.
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