Jueves 23 de Abril de 2026

Fondo de Infraestructura Hídrica: recursos que existen, obras que no llegan

El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica en Argentina fue creado por decreto en 2001 con el objetivo de gestionar obras a nivel nacional.

Se trata de una herramienta financiada por impuestos a los combustibles —5% sobre naftas y 9% sobre GNC— destinada a proyectos hídricos, obras de mitigación de inundaciones, recuperación de tierras productivas y protección de infraestructura vial y ferroviaria.

Sin embargo, casi un cuarto de siglo después, la realidad muestra que las inundaciones continúan afectando a la provincia de Buenos Aires, mientras la recaudación del Fondo de Infraestructura Hídrica se mantiene de forma diaria.

Desde marzo de 2025, el distrito de 9 de Julio presenta una situación de colapso en buena parte de sus caminos rurales.

En este contexto, durante la gestión de Javier Milei, las obras del Plan Maestro de la Cuenca del Salado, cuyo propósito es canalizar los excesos hídricos en años lluviosos, fueron paralizadas.

Esta situación deja en evidencia que existen fondos nacionales anunciados para obras hidráulicas que no se ejecutan.

No se trata de un detalle administrativo, sino de la diferencia entre prevenir o volver a inundarse. Hoy, en 9 de Julio, las consecuencias son claras: caminos rurales destruidos, producción frenada y vecinos aislados.

No es un caso aislado, sino una crisis que se repite porque las obras no llegan. La responsabilidad principal recae en el Gobierno Nacional, que concentra la mayor parte de los recursos y define la inversión en infraestructura estratégica.

Si las obras no se realizan, la decisión es política. Al mismo tiempo, los recursos que genera el interior se recaudan en distritos productivos como este, pero no regresan en forma de obras. El resultado es un interior que sostiene al país, pero queda a la deriva cuando llegan las crisis.

En este escenario, la Provincia de Buenos Aires actúa dentro de un contexto adverso. Arrastra una histórica desventaja en coparticipación y una deuda estructural con Nación que limita su capacidad de respuesta. Aun así, mantiene presencia donde otros se retiran.

En cuanto a las promesas de seguridad y asistencia, hubo anuncios y compromisos desde el Gobierno Nacional, incluso de la ministra Patricia Bullrich, que en la práctica no se tradujeron en soluciones concretas para el interior productivo.

Cuando el agua avanza, las promesas no alcanzan. El impacto no se limita al sector agropecuario.

Afecta a toda la economía local: menos producción, menos trabajo y menor movimiento económico. Es un golpe directo a la comunidad. Lo que está en juego es el federalismo.

No puede haber un país que recauda en el interior y decide no invertir en él. Eso no es ajuste: es abandono.

El reclamo es simple y urgente: que los recursos vuelvan en obras, que las decisiones acompañen la realidad y que el interior deje de ser la variable de ajuste.

Si no hay cambios, cada lluvia volverá a confirmar lo mismo: no es solo el clima, es una decisión política.

Héctor Bianchi
Concejal Fuerza Patria

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